lunes, 4 de octubre de 2010

Más sobre el chivatazo a ETA. Caso Faisán.

¿Quién ordenó el chivatazo?

¿Quién ordenó el chivatazo del bar Faisán? ¿Por qué se desbarató la operación policial que pretendía dar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA? Para responder a estos interrogantes resulta imprescindible hacer memoria de cómo se gestó el alto el fuego decretado por ETA el 22 de marzo de 2006.

A lo largo de 2005 la banda terrorista, bajo los auspicios de Arnaldo Otegi, llevó a cabo conversaciones con Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos, para establecer las bases de un acuerdo entre ETA y el Gobierno para abrir un proceso de negociación que pusiera fin de forma definitiva a la violencia terrorista. Eguiguren contaba con la autorización del presidente Zapatero. El interlocutor etarra era José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera.

El 21 de junio de 2005, a orillas del lago Leman, se vieron las caras Eguiguren y Ternera. Ambos habían coincidido varios años en el Parlamento de Vitoria hasta que en 2002 el diputado etarra decidió pasar a la clandestinidad. El 14 de julio alcanzaron un primer acuerdo, cuya efectividad quedaba supeditada a la aceptación del Gobierno y de la dirección de ETA. El acuerdo definitivo se alcanzó en Oslo en febrero de 2006 tras superar los últimos escollos. El proceso de paz había comenzado.

El primer paso habría de darlo ETA mediante la declaración de un alto el fuego permanente. La siguiente ficha habría de moverla Zapatero, con el anuncio de la apertura de conversaciones para el final dialogado de la violencia en los términos pactados. Se constituirían dos mesas de negociación. En la primera los representantes del Gobierno y de ETA tratarían de lo que en la jerga terrorista se denomina desmilitarización (que incluye el desarme, la excarcelación de los presos, la reparación a las víctimas, la retirada de las fuerzas represivas, etc.). En la segunda tomarían asiento los representantes de los partidos y demás agentes políticos, económicos, sociales y sindicales del País Vasco. En esta última se acordaría un nuevo marco político para Euskal Herria, que sería reconocida por el Gobierno como realidad lingüística, histórica, cultural y sociopolítica.

Antes de iniciar una aventura tan arriesgada, el presidente Zapatero había tomado la precaución de recabar la autorización del Congreso para poner en marcha el “final dialogado” de ETA en el caso de que la banda demostrara “inequívocamente” su voluntad de poner fin a su actividad criminal. Con el voto en contra del PP, el Congreso le dio su respaldo en mayo de 2005. El 4 de mayo era el día en que estaba previsto recibiera en La Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, cuyo apoyo lo daba por descontado pues los nacionalistas habían sido informados desde un principio de los contactos con ETA y se habían comprometido a participar en una negociación a tres bandas –PSOE, PNV y Batasuna– para acordar en secreto las bases políticas del acuerdo político antes de reunir formalmente a la mesa de partidos.

En el acuerdo de Oslo había un punto de singular importancia. Según el acta de la reunión publicada por ETA (que “nunca miente”, según decían los socialistas el 12 de marzo de 2004 al conocer que la banda había desmentido su participación en la masacre del 11-M), el Gobierno español había asumido el compromiso de que “la Guardia Civil, la Policía española, la Ertzaintza y la Policía francesa no realizarían ninguna detención”.

El propio Eguiguren ha reconocido la existencia de este acuerdo, aunque afirma que consiguió introducir la salvedad de que no habría detenciones “en la medida de lo posible”. Llegamos así al escándalo del Faisán. Mientras todo lo anterior se desarrollaba entre bastidores, la Policía judicial, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, estaba a punto de asestar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA. Los investigadores habían llegado a la conclusión de que el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, sito en Irún, se había convertido en la oficina de recaudación del “impuesto revolucionario”. Pero había algo más. Se había descubierto que en estrecha colaboración con Elosua actuaba Gorka Aguirre, histórico dirigente del PNV, sobrino del primer lehendakari vasco y yerno de Luis María Retolaza, todopoderoso ex consejero de Interior del gobierno vasco entre 1980 y 1988. La Policía conocía que el día 4 de mayo iba a producirse una reunión en el Faisán entre Elosúa, Aguirre y un emisario de ETA, donde se haría entrega a la banda de una importante cantidad de dinero. Grande-Marlaska ordenó coger a los implicados in fraganti. A tal fin, la Policía había dispuesto un importante operativo policial.

La noticia de esta intervención llegó pronto a la cúpula del Ministerio del Interior. Fácil es de comprender lo que ocurrió. Ante la imposibilidad de parar la acción de la justicia, los responsables de Interior –y nadie puede creer que en un asunto de tanta gravedad no intervinieran sus máximos responsables políticos– decidieron que la única manera de evitar el desastre era invocar la razón de Estado y dar el chivatazo directamente a ETA. Craso error.

¿Qué quién ordenó el chivatazo? No hace falta ser muy listo para imaginarlo. Esperemos que hable pronto la Justicia. Por fortuna, ya no está el juez Garzón para impedir que conozcamos la verdad, algo que hizo durante el tiempo que la querella de Manos Limpias estuvo en sus manos.

Fuente: www.intereconomia.com

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