
Otra fuente de financiación sindical la representa la Fundación Tripartita, encargada de gestionar la formación. La cual se nutre de las cotizaciones de formación, que pagan los empresarios y los trabajadores, y de las dotaciones del Fondo Social Europeo. Repartiéndose la financiación entre las organizaciones empresariales y sindicales al 50%. Para el 2010, cuenta con un presupuesto de 1.545 millones de euros, que se destinarán para la aplicación de los Planes Intersectoriales.
Las comunidades autónomas no han querido quedarse al margen de la financiación sindical. Por un lado, nos encontramos con los 3.209 millones de euros que el Estado transfirió a las autonomías para financiar las políticas activas de empleo. De los cuales, una parte es destinada para formación, la cual es impartida por los sindicatos. Y por otro lado, nos encontramos con los convenios de colaboración firmados entre UGT y CCOO con los servicios públicos de empleo autonómicos, con cargo a los presupuestos autonómicos. Como es el caso de la Junta de Andalucía que tiene firmado un contrato-programa con los sindicatos, por el que éstos funcionan como intermediarios laborales.

Por sino fuera poco, las organizaciones sindicales cobran a cada trabajador afectado por un Expediente de Regulación de Empleo alrededor del 10% de la indemnización por negociarlo con la empresa, si no está afiliado al sindicato. Por este motivo, los sindicatos han intentado que el Gobierno hiciera obligatorio que los trabajadores pagaran al sindicato por intermediar en un Expediente de Regulación de Empleo.
Pero tampoco nos podríamos olvidar de los 650.000 euros percibidos de Citibank por colaborar en diferentes acuerdos laborales con la empresa.
Extraído de Tribuna de Europa
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